12 marzo 2022

El Estado reclama indemnización por dinero sustraído en el caso Coral

 Listin Diario

La República viernes, 11 de marzo de 2022

La decisión del Estado fue anunciada ayer por los juristas José Alberto Ortiz y Rafael Rivas Solano.

  • El Estado reclama indemnización por dinero sustraído en el caso Coral

    Parte de los encartados en el expediente del caso “Operación Coral”, durante un momento de su conducción a audiencia. /ARCHIVO

Ramón Cruz Benzán
Santo Domingo, RD

El Estado dominicano se ha constituido, a través del Equipo de Abogados para la Recuperación del Patrimonio Público, en querellante y actor civil en contra de los implicados en el caso Coral.

Esto fue lo que informa­ron ayer los abogados Jo­sé Alberto Ortiz y Rafael Rivas Solano, quienes dije­ron que, más adelante, se­ñalarán el monto que será reclamado para fines de lo­grar una indemnización por concepto de daños y perjui­cios sufridos por el Estado dominicano, en su condi­ción de víctima,

El sometimiento en contra de los encartados por el en­tramado de corrupción ata­cado por el ministerio pú­blico se produjo a través de un poder otorgado por el Estado a los abogados del Equipo para la Recupe­ración del Patrimonio Pú­blico, para reclamar las in­demnizaciones civiles.

Los encartados.
La querella fue interpuesta en contra el general Adán Cáceres Silvestre, la pasto­ra Rossy Guzmán Sánchez, el teniente coronel de la Po­licía, Rafael Núñez de Aza; el cabo policial e hijo de la pastora, Tanner Antonio Flete Guzmán, el sargen­to Alejandro José Montero Cruz y el mayor del Ejérci­to, Raúl Alejandro Girón Ji­ménez.

Asimismo, se informó que el Estado requirió medi­das de coerción real, con­sistentes en hipotecas ju­diciales provisionales y embargos en contra de to­dos los imputados y enti­dades, así como el levanta­miento del velo corporativo y declaratorio de conjunto económico de las entidades que formaron parte del en­tramado.

Por otro lado, el juez del Primer Juzgado de la Ins­trucción del Distrito Nacio­nal, Raymundo Mejía, dis­puso el mantenimiento en prisión de los implicados en el caso Coral, recluidos en los centros de corrección y rehabilitación de Najayo-Hombres y Mujeres, en San Cristóbal.

El magistrado tomó la de­cisión tras acoger un pedi­mento presentado en ese sentido por el procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Procuraduría Especializada de Persecu­ción de la Corrupción Ad­ministrativa (Pepca) y la directora de Persecución, Yeni Berenice Reynoso.

Intentos fallidos
Desde que le fue impues­ta la prisión preventiva, el grupo ha intentado, sin éxi­to, obtener la libertad en diferentes instancias, ya que tanto en las revisiones obligatorias en los juzgados de la instrucción como en la Corte de Apelación del Dis­trito Nacional la medida le ha sido ratificada.

El grupo está involucrado en delitos de asociación de malhechores, estafa con­tra el Estado dominicano, coalición de funcionarios, falsificación de documen­tos públicos, lavado de ac­tivos provenientes de actos de corrupción y porte y te­nencia ilegal de armas de fuego.

DATOS
Áreas operativas
El entramado crimi­nal desmantelado por la “Operacion Coral” de­sarrollaba sus activida­des delictivas en el Cuer­po de Seguridad Presi­dencial (Cusep) y en el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Ces tur), principalmente, con el abultamiento de la nómina.

“Operación Coral” ini­cio con 27 allanamien­tos en el Distrito Nacio­nal y las provincias San­to Domingo, San Pedro de Macorís, Monte Pla­ta y Samaná donde, presuntamente, desa­rrollaban sus acciones fraudulentas los preve­nidos.