12 julio 2022

El alto costo de nuestra solidaridad

 Listin Diario

La República martes, 12 de julio de 2022
  • El alto costo de nuestra solidaridad
Carlos Despradel
Santo Domingo, RD

Mucho se ha dicho y comentado sobre el problema que representan los miles de parturientas haitianas que supuestamente vienen a nuestro país a parir sus hijos.  En este breve artículo se pretende hacer un simple estimado económico sobre el costo en que incurre la República Dominicana todos los años para atender en sus centros de salud públicos a esas parturientas, así como las serias repercusiones sociales que este hecho acarrea. Veamos.

De acuerdo al Ministerio de Salud Pública en el año 2021 se registraron 117,079 partos de mujeres en los centros de salud pública de nuestro país. De ese total, alrededor de 35,662 correspondió a mujeres de nacionalidad haitiana, lo que representa un 30.5% del total. Se tiene registrado, además, que de ese total aproximadamente un 46% correspondieron a partos por cesárea y el resto a partos normales. A falta de datos oficiales, si asumimos que ese porcentaje corresponde tanto a mujeres de nacionalidad dominicana, como haitiana, tenemos que a unas 16,404 mujeres haitianas se les practicó una cesárea. De acuerdo a varios ginecólogos consultados, un parto con cesárea sin complicaciones, cuesta entre unos RD$25,000 a RD$100,000, dependiendo el centro de salud donde se lleve a cabo. Por lo tanto, si tomamos conservadoramente como promedio unos RD$60,000 por caso, tenemos como resultado que esos 16,404 partos por cesárea practicados a parturientas haitianas tuvieron un costo implícito para el Estado Dominicano de unos RD$984 millones el año pasado, asumiendo que se practicaron gratuitamente.

Por otra parte, los otros 19,252 partos normales que en el 2021 se practicaron a mujeres haitianas, tienen de acuerdo a las mismas consultas, un costo promedio de unos RD$35,000, lo que de igual forma representa un costo implícito de unos RD$673 millones anuales para el Estado Dominicano. De ahí que, aproximadamente el costo total en que incurre el Estado Dominicano para atender a estas parturientas extranjeras es de unos RD$1,650 millones anuales, cifra extremadamente alta para un país en vías de desarrollo como el nuestro. A este costo habría que agregar los cientos de miles de consultas médicas gratuitas practicadas en centros de salud pública del país a dichas mujeres y sus hijos, lo que es prácticamente imposible de estimar. Pero independientemente de ese altísimo costo económico para el Estado Dominicano, resulta importante destacar que de acuerdo al Ministerio de Salud, en siete provincias de nuestro país, más del 50% de los partos atendidos por los centros de salud pública correspondieron a mujeres haitianas, dentro de las que se destacan cuatro de las cinco provincias fronterizas, donde el caso más extremo es Monte Cristi, en la cual ese porcentaje alcanzó el 71%, lo que demuestra elocuentemente el futuro demográfico que le espera a esas importantes provincias del país, pues pronto tendrán más habitantes extranjeros que nacionales. Debemos tener presente que en la historia de la humanidad, esa ha sido la principal causa de los conflictos entre naciones. Además, a las provincias fronterizas antes señaladas, habría que agregar Valverde Mao y Santiago Rodríguez donde también las parturientas haitianas superaron el 50% de los casos.

Llama igualmente la atención que en la provincia La Altagracia, muy distante de Haití, el 57% de los partos fueron practicados a parturientas haitianas el año pasado, lo que tiene explicación en la masiva afluencia de ciudadanos haitianos que han ido a vivir a esa provincia atraídos por las fuentes de empleos que ofrece su desarrollo turístico. Nadie podría argumentar que se trata de parturientas que son traídas desde Haití y que luego retornan a su país de origen. No. La realidad es que son parejas de las decenas de miles de obreros haitianos, muchos de ellos ilegales, que laboran en ese sector, no sólo en el turismo sino también en otras actividades, como camareros, jardineros, maleteros, etc. De ahí que también es pertinente hacernos las siguientes preguntas: ¿A quién es que realmente está beneficiando el turismo?, ¿Es a la mano de obra dominicana o a los inmigrantes haitianos? Asimismo, nos deberíamos preocupar por cuál será la composición demográfica que les vamos a dejar a las futuras generaciones en esas provincias. Quien tenga dudas, que se dé una vuelta por Verón, una ciudad con un explosivo crecimiento poblacional habitada prácticamente por ciudadanos haitianos.

Nuestro gobierno está realmente empeñado en crear fuentes de empleos y la actividad turística es una de las más dinámicas.

Por lo tanto, todo parece indicar que debería ser más estricto en que se cumplan las leyes laborales existentes, las cuales obligan a las empresas a contratar un mínimo de 80% de mano de obra nacional, sin importar el efecto temporal que tendrá sobre los costos de producción. El estricto cumplimiento de estas disposiciones legales existentes es pues un elemento vital para que el turismo y otras actividades productivas se conviertan realmente en la solución al desempleo que agobia a la sociedad dominicana.